Proyecto de Ley se jugó su ‘oportunidad’ en la Asamblea: Un vistazo a la propuesta que impulsa Guillermo Lasso y que fue rechazada por el CAL

Priscila Jácome

Ya fuera para reafirmar el carácter económico urgente o para imprimir importancia en el caso, el pasado 24 de septiembre, el presidente Guillermo Lasso acudió personalmente a presentar y entregar la Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal ante la Asamblea Nacional. Desde dicho viernes había empezado la cuenta regresiva de 30 días de plazo establecido para que el pleno analice, debata y apruebe o rechace el conjunto de reformas laborales, tributarias y de inversión para reactivar la economía.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tenía a su cargo el primer filtro. A pesar del tiempo estipulado, Guadalupe Llori, Darwin Pereira, Javier Saquicela, Bella Jiménez, Johanna Moreira, Ronny Aleaga y Nathalie Arias, decidieron devolver la noche del miércoles al Ejecutivo el proyecto alegando falta de unidad de materia.

La propuesta cuenta con temas laborales, de seguridad social, tributarios, financieros, de telecomunicación, electricidad, producción, economía, economía popular, agropecuarios, administrativos, simplificación de trámites, planificación, finanzas públicas, régimen especial, propiedad intelectual, jurisdiccional, comercio, notarial, uso de suelos, régimen descentralizado y movilidad humana. Con ello se advierten posibles vicios de inconstitucionalidad.

Una análisis a los cuerpos de la propuesta

LIBRO 1. Régimen laboral alternativo para la creación de oportunidades laborales

El primer cuerpo surgía bajo el sustento de que el Código Laboral, elaborado en 1938, no responde a las necesidades contemporáneas, por lo que Ecuador necesita “flexibilizar el régimen laboral para nuevos contratos”. Se planteaban preceptos de flexibilización laboral -frente a lo que se aseguraba que no se vulnerarían derechos de trabajadores- a partir de la revisión de la Ley 789. La aplicación no iba a ir en detrimento de quienes están amparados bajo la normativa vigente y abriría puertas para cambiar la realidad: 7 de cada 10 personas en Ecuador no tiene ningún empleo.

LIBRO 2. De las contribuciones temporales para el impulso económico post COVID-19

Entre los ajustes tributarios que se planteaban en este libro figuraba un impuesto al patrimonio. En este sentido, quienes tenían más de $ 500 000 de forma individual, o de $ 1 millón como parte de una sociedad conyugal, deberían pagar impuesto.

También deberían contribuir las empresas con utilidades en el 2020. La propuesta también establecía eliminar la deducción de gastos anticipada que hacían los contribuyentes para disminuir el impuesto a pagar con rubros como la educación, salud, vivienda, turismo y alimentación. Con la reforma, se debía calcular el impuesto a la renta sobre sus ingresos brutos de forma directa. La mayor contribución está dirigida a quienes ganan más de $ 2.000 mensuales ($ 24.000 al año).

Frente a la eliminación de los gastos deducibles se proponía un crédito tributario que representa el 10 % de los gastos personales que sería entregado al Servicio de Rentas Internas. Los gastos personales tendrían un tope de $ 4 988 (costo de siete canastas básicas).

LIBRO 3. Régimen impositivo voluntario, único y temporal para la regularización de activos en el exterior

Contemplaba la creación de un régimen aplicable a residentes fiscales en Ecuador que hayan tenido dinero o bienes en el extranjero. Los interesados debían presentar una declaración jurada que manifestara su voluntad y registrarse hasta el 31 de diciembre en concordancia al proceso que establezca el Servicio de Rentas Internas.

La tarifa establecida era del 5% de la base imponible y al acogerse al régimen los beneficiados no estarían sujetos a procesos de determinación por tributos que se declaren en la propuesta, ni a sanciones administrativas por dichos tributos.

LIBRO 4. Reformas a varios cuerpos legales

El cuarto libro albergaba varias modificaciones en distintas áreas relacionadas a la economía, con los que se pretendía “eliminar trabas y desincentivos que dificultan la creación de oportunidades laborales”. Entre los principales aspectos, surgían modificaciones en materia laboral como la disminución de las liquidaciones por despido (al 50% de la remuneración anual con un tope de 15 años), la reducción del costo del desahucio (del 25% al 15%) y el cambio de las jornadas de trabajo, mismas que se podrían distribuirse en seis días a la semana o durante el día y la noche. Su valor estaría estipulado por el pago de horas extras o suplementarias, que también presentan cambios.

En el apartado también resaltaba la propuesta d minación de IVA a productos como mascarillas, oxímetro, alcohol 70%, gel antibacterial 70%, pañales desechables y productos de higiene femenina.

Se incluía la supresión del Régimen Impositivo Simplificado (RISE) y el Régimen Impositivo para Microempresas (RIM)