Los motivos por los que alias ‘Pipo’ pide no ser entregado a Ecuador

La defensa de Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’ y presunto cabecilla de Los Lobos, presentó un recurso para no ser extraditado a Ecuador. La Audiencia Nacional de España había autorizado su traslado a finales de julio, después de haber rechazado meses antes su extradición a Estados Unidos. Ese país lo reclamaba por un presunto envío de cinco kilos de cocaína con destino a California.

El escrito busca que el pleno de la Sala de lo Penal revoque lo decidido por la Sección Tercera de ese mismo tribunal. Según la defensa, las medidas remitidas por Ecuador no son específicas, individualizadas ni verificables, tal como exige la ley.

Por estas razones alias ‘Pipo’ no quiere regresar a Ecuador

Sus abogados sostienen que el país no ofrece garantías suficientes y que la vida de su cliente correría peligro si es entregado.

Aunque oficialmente se le reclama para completar una condena de 16 años por un triple homicidio ocurrido durante un asalto bancario en 2010, su defensa cree que el verdadero objetivo es otro. Sospecha que Ecuador busca esquivar el control judicial español para investigarlo por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

Chavarría fue detenido en noviembre de 2025 en Málaga, ciudad a la que había llegado en 2022 procedente de Colombia con una identidad falsa. Previamente había fingido su propia muerte en Ecuador y, según se ha señalado, se sometió a siete intervenciones para cambiar sus rasgos faciales.

En 2021 un tribunal ecuatoriano dio por extinguida su condena al aparecer un certificado de defunción que resultó ser falso, decisión que luego fue anulada. A ello se suma que, en febrero pasado, fue interrogado en la prisión de Zuera (España) a petición de la Fiscalía ecuatoriana sobre el crimen de Villavicencio, ocasión en la que habría señalado al presidente Daniel Noboa como responsable de ordenarlo.

La Audiencia Nacional consideró que la respuesta de Ecuador sobre las condiciones penitenciarias resultaba suficiente para garantizar sus derechos fundamentales. La defensa, en cambio, insiste en que no existe garantía real alguna y advierte de un riesgo añadido: su cliente ha sido señalado públicamente como "narcoterrorista" y su testimonio contra Noboa lo expondría a represalias.

(I)