"No le temo al diablo porque no existe", responde ministra Núñez ante posibles denuncias en su contra en el marco del caso Abad.

El caso de la vicepresidenta Verónica Abad continúa con apelaciones, diferimientos e incertidumbres. La audiencia para resolver la acción de protección que evitaría la suspensión de la segunda jefa de Estado por 150 días se aplazó por cuarta vez. El proceso se reprogramó para el miércoles 18 de diciembre a las 09:00. A la par del encuentro en el Tribunal, se alertaron denuncias penales y advertencias a la jueza que lleva el caso. Según la defensa de Abad, la sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha no entregó la documentación física de una acción de protección que presentaron y llegó a su sede. Alegó que el expediente es necesario porque se acusa a los implicados de delito de perjurio y fraude procesal.

Ante eso, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, insistió en que la cartera de Estado actuó bajo la norma y la ley. Comentó que la Ley Orgánica de Servidor Público (Losep) especifica que las personas electas por votación popular son servidores públicos de periodo fijo. El 19 de septiembre de 2024, Abad presentó la primera acción de protección con una medida cautelar. El mecanismo cuestionaba si el Ministerio era o no competente para aplicar una sanción.

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"Un mecanismo que para mí no cumple con los requisitos para ser una acción de protección. Debería responder al artículo 89 de la Constitución", reprochó Núñez en Radio Sucesos.

De acuerdo con las declaraciones de Núñez, la jueza a cargo de la medida justificó que la institución era competente. Además, estableció que la destitución es el único método que no puede ejecutarse porque eso incluye un juicio político que lleva la Asamblea Nacional.

"No le tengo miedo al diablo porque no existe. Ya conozco las luchas políticas, me buscan para que las confronte, pero se pasarán toda la vida buscándome porque no lo haré. Al ser un trámite administrativo, la entidad, de conformidad a lo que dicta la Losep, debía sustanciarlo", dijo la servidora de Noboa.

Presunto perjurio

Núñez explicó que Abad presentó una apelación al sumario en el seno del Ministerio de Trabajo. En el documento se debatía la competencia de la secretaría de Estado y no la inhabilitación de 150 días del cargo. Posterior a eso, el 11 de noviembre, la vicepresidenta presentó una segunda acción de protección en contra de las mismas personas (la sustanciadora, el Procurador general del Estado y la ministra). La titular de la entidad mencionó que esta opción la entrega bajo los mismos antecedentes, la seguridad jurídica y el sumario administrativo.

Núñez relató que los amicus curiae que se presentaron en la audiencia del 16 de diciembre alertaron sobre una posible violación al artículo 10.6 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El inciso aclara que cuando un ciudadano presenta una garantía jurisdiccional, sea acción de protección, habeas corpus, medida cautelar u otra, tiene que realizarla bajo juramento. En la declaración debe asegurar que no ha presentado un mecanismo similar en contra de las mismas personas y bajo los mismos hechos. Para la ministra, al coincidir los acusados y los procedentes, Abad y su defensa habrían incurrido en el supuesto delito de perjurio.

"Yo no he presentado mi alegato, lo haré mañana y escucharán mis argumentos sobre el caso. El país puede confirmar esto porque los documentos están en el subject, consulta de procesos. Esto no goza de reservas", aludió la ministra.

Finalmente, señaló que la audiencia se pospuso al no tener toda la documentación necesaria. Por lo que la magistrada a cargo pidió desmaterializar el expediente y programar una nueva reunión.

(I)