“Lo de Abad se pensó con la calculadora política (…) Al TCE lo usan como un alfil político”, alega constitucionalista

El abogado constitucionalista André Benavides calificó la sanción a la vicepresidenta Verónica Abad como una “leguleyada e irrespeto al Estado de Derecho”. Además, indicó que “con trampolines jurídicos” intentaron darle forma a la disposición para inhabilitar a la segunda mandataria cuando el presidente Daniel Noboa pida la licencia por campaña electoral.

El jurista enfatizó que ni la Ley Orgánica de Servidor Público (LOSEP) ni la Constitución establecen una suspensión de 150 días. Explicó que lo máximo que dictan los organismos es una inhabilitación de 30 días.

“Se jugó con la calculadora política. Al TCE lo utilizan como un alfil político”, refirió Benavides en Ecuavisa. See more

🔴 #ENVIVO | Ante la suspensión del cargo de la vicepresidenta, Verónica Abad, el constitucionalista, André Benavides, explica que el Ministerio de Trabajo "se fue más allá de lo que le permite la Constitución y la Ley".

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— Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) November 11, 2024

¿Se podía aplicar un sumario administrativo?

Tanto el presidente, vicepresidente y los legisladores cuentan con un régimen de control diferente al de un servidor público normal. Benavides comentó que ninguna autoridad podía sancionar a la segunda mandataria a través de un sumario administrativo. La parte final de la resolución del Ministerio de Trabajo explica que suspenden a Abad en su calidad de servidora pública en el cargo de vicepresidenta.

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“Eso significaría que mañana pueden interponer una denuncia al presidente, ministro o asambleísta y que le sigan sumario administrativo cuando tienen un régimen especial”, apeló el constitucionalista.

También señaló que el Ministerio de Trabajo “fue más allá” de lo que le permite la Constitución y la ley. La cartera de Estado tomó un papel fiscalizador que solo le corresponde a la Asamblea Nacional.

Estas son las opciones que tiene Adab

El abogado apuntó que la resolución administrativa en contra de Abad goza de legalidad hasta que ésta sea revocada. Detalló que la actuación de Abad debe ser mediante una apelación, una acción de protección o una demanda subjetiva ante el Contencioso Administrativo.

Alegó que la vicepresidenta podría apelar ante el propio Ministerio de Trabajo, pero su titular Ivonne Núñez no daría paso a la petición. En cuanto al Contencioso Administrativo, el proceso demoraría cinco años, en el mejor de los casos. Puntualizó que la mejor opción es una acción de protección que demuestre la violación al debido proceso y al principio de legalidad.

“Debe acudir a la sala de un juez constitucional para que se tome una resolución distinta. La LOSEP especifica que, ante la ausencia de un servidor público, el castigo sería la destitución y no una sanción. En ningún lado existe eso. Aquí se inventaron ese mecanismo”, mencionó el letrado.

Este último mecanismo se calificaría en 48 horas y en ese mismo proceso se podría fijar una audiencia. De manera que, si la segunda jefa de Estado presenta la acción de protección hoy, la audiencia sería en los siguientes días o la próxima semana. Recalcó que el proceso tendría una resolución en menos de 15 días.

La ministra de Trabajo no solo puede ser sancionada en el Legislativo con un juicio político, sino también, ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por arrogación de funciones.

¿Con quién se quedará la Presidencia?

El jurista mencionó que la Constitución no prevé la figura de suspensión. Por lo que, ante la ausencia concurrente del presidente y vicepresidente, el único camino es la titular de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, asuma el puesto.

“En este mismo momento, si algo le pasa al jefe de Estado, quien tendría que asumir la Presidencia debería ser ella”, aludió Benavides.

Otra opción es que, en los próximos días, Noboa nombre a una vicepresidenta encargada (su periodo durará 90 días), que podría ser uno de sus ministros. Luego, el presidente debe enviar una terna al Pleno para que sea este organismo quien escoja a la segunda jefa de Estado.

“El escenario es arbitrario, pero eso harán. Si no hay una decisión judicial, luego de 90 días, la funcionaria encargada se quedará de manera definitiva”, concluyó Benavides. (I)