30S: El eterno dolor de una revuelta, que deja a familiares de fallecidos vigilantes en procesos

Para Sandra Jiménez cada 30 de septiembre se ahonda más el dolor por la muerte de su hermano, el cabo de policía Froilán Jiménez pero, en cambio, no disminuyen sus fuerzas de seguir con su demanda hasta que se establezcan responsabilidades en todos los niveles.

Jiménez, miembro del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), falleció tras recibir un impacto de bala cuando protegía el vehículo en el que era evacuado el entonces presidente Rafael Correa el 30 de septiembre de 2010.

El pasado 24 de septiembre una jueza ordenó medidas cautelares contra cinco oficiales en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas por la muerte del policía y y los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortez. La diligencia se dio un año y dos meses de que un Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha declaró la nulidad de todo lo actuado hasta la investigación previa en el proceso por la muerte del cabo Jiménez.

Jiménez expresa que se sienten burlados al haber declarado nulo todo lo actuado en el proceso y lo que demuestra es una falta de veracidad. "No estamos hablando de meses, estamos hablando de diez años (en) que la familia hemos estado tras el caso. (…) No es posible que se nos haya revictimizado, por parte de la Fiscalía se lleva a cabo un proceso, luego ellos mismos dicen que el proceso no se cumplió con todos los protocolos", cuestiona.

Expresa que si bien el caso de su hermano ha sido difundido a nivel nacional e internacional, no es el único caso porque son cinco familias que viven el dolor de la injusticia.

Pese a las irregularidades registradas en el proceso, Jiménez dice que seguirán vigilantes y seguirán insistiendo en que se revele la información clasificada en el 2010 por el Consejo de Seguridad Nacional, esto es la nómina de militares que participaron en el operativo del 30 de septiembre de 2010, así como el informe de las Fuerzas Armadas de todo lo que sucedió ese día.

"No importa si siguen pasando diez años más, nosotros no dejaremos de luchar por obtener justicia y si en nuestro país donde deben garantizarse nuestros derechos no lo ha hecho habrá organismos internacionales que nos den oídos y nos puedan dar las respuestas que necesitamos".

Y añade: "Si tengo que dejar la vida la dejaré con mucho gusto, pero no quedará en la impunidad el caso de mi hermano".

Dentro del informe final de la Mesa por la verdad y la justicia Perseguidos políticos nunca más se consta el aporte de la comisión que recopiló datos del caso 30-S "que generó una repercusión importante en la Policía Nacional y que según datos entregados por los comparecientes el 30-S, se habla de 5 fallecidos, 1.500 procesados, 1.200 bajas forzadas y 14.000 sanciones disciplinarias administrativas". (I)

Fuente: El Universo