Por esto bananera deberá pagar indemnización a víctimas
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Bananera deberá indemnizar a víctimas de conflicto armado en Colombia: ¿De qué se trata la millonaria demanda?

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Anteriormente conocida como United Fruits Company, la empresa se ha visto envuelta en el conflicto armado de Colombia.

Foto tomada de: MarkBuckawicki
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Después de 17 años de espera, un tribunal de Florida ordena a la multinacional bananera Chiquita Brands International indemnizar a ocho de las nueve víctimas del conflicto armado en Colombia, quienes denunciaron a la empresa por su complicidad con grupos paramilitares.

Se trata de un histórico fallo que se emitió el lunes 10 de junio de 2024, y marca un precedente en la lucha por la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas fuera de Estados Unidos.

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El tribunal determinó que Chiquita debe pagar entre 2 y 2.7 millones de dólares a cada uno de los ocho demandantes por haber financiado entre 1997 y 2004 a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar responsable de múltiples asesinatos en la región de Urabá.

La demanda se presentó con el apoyo de EarthRights International, una organización que lucha por la protección de los derechos humanos y el medio ambiente.

Los antecedentes de la empresa

La historia de Chiquita en Colombia está marcada por la controversia. Anteriormente conocida como United Fruits Company, la empresa fue protagonista de la  "masacre de las bananeras" en 1928, donde el ejército colombiano reprimió una huelga de trabajadores, lo que terminó en un número indeterminado de muertos, recoge DW en Español.

En 2007, la compañía admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber pagado 1.7 millones de dólares a las AUC. Estos pagos se justificaron como  medida para proteger a sus empleados.

Aunque la empresa recibió una multa de 25 millones de dólares, este dinero no se destinó a las víctimas del conflicto. El antecedente fue fundamental para la actual demanda que culmina con el reciente fallo.

Esta sería la primera vez que un jurado estadounidense ordena a una empresa compensar a víctimas de violaciones de derechos humanos, que están fuera del territorio de ese país.


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