El Estado ecuatoriano velará para que las empresas adjudicadas cumplan de forma estricta con la normativa ambiental de este proceso.
Según el presidente Daniel Noboa, "hay muchas pruebas sobre una alta contaminación en el agua de Guayaquil".
Según el Gobierno su objetivo es que los usuarios paguen únicamente por el consumo real de energía eléctrica, respetando los derechos de los ciudadanos.