El futuro de la Ley de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública está en manos del ente de control.
Gremios denuncian afectaciones a derechos laborales, educativos y sociales.
Incluye reformas en 19 cuerpos legales, una declaratoria de emergencia judicial y sanciones más severas para adolescentes infractores.