En el comunicado expuesto por la Corte Constitucional ratifica que el procedimiento de urgencia económica tiene límites claros.
Algunas normativas dentro del sector público cambiarán debido al reglamento.
El futuro de la Ley de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública está en manos del ente de control.
Gremios denuncian afectaciones a derechos laborales, educativos y sociales.
Incluye reformas en 19 cuerpos legales, una declaratoria de emergencia judicial y sanciones más severas para adolescentes infractores.