La discusión sobre la Ley de Integridad Pública se aplaza una semana, mientras crece la tensión política entre el Ejecutivo, la Asamblea y la Corte Constitucional.
De no haber cambios, la audiencia se mantendría para el 18 de agosto y el fallo definitivo quedaría en manos de los jueces constitucionales.
Disposiciones que habilitaban operaciones encubiertas, el “indulto anticipado” a fuerzas del orden y la transformación de cooperativas fueron detenidas por la entidad.