El COIP define la concusión como un delito en el que un servidor público abusa de su cargo para exigir o recibir pagos o beneficios indebidos.
El Consejo de la Judicatura deberá pronunciarse sobre la denuncia y determinar si se aplicará una suspensión.
La ministra adelantó que apelará, aunque se deben cumplir los plazos de la sentencia oral.