Caso Triple A: Vinculación judicial incluye al alcalde Aquiles Alvarez, contadores y estaciones con irregularidades

La audiencia de vinculación por el caso Triple A finalmente se instaló la mañana del 9 de abril de 2025, luego de varios diferimientos. La diligencia tuvo lugar en una de las salas del segundo piso del Complejo Judicial del Norte, en Quito. En esta audiencia, el fiscal Carlos Alarcón solicitó la vinculación de 10 personas más al proceso, incluyendo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

La causa investiga la presunta comercialización ilegal de combustibles, y la Fiscalía procesó a cinco personas y cinco empresas. Además, se menciona tres contratos que habría firmado Alvarez en 2021 y 2022, cuando era presidente de Copedesa S. A. con tres estaciones.

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En las primeras fases de la investigación, la Fiscalía ya mencionó a tres contadores que presuntamente trabajaban para las empresas involucradas y conocían de las irregularidades. En este contexto, Aquiles, quien participó en la audiencia vía telemática debido a su inasistencia presencial, pidió la palabra para explicar la ausencia de su abogado, Diego Córdoba. A pesar de sus explicaciones, el juez Andrade negó los pedidos de diferimiento.

Alvarez rechazó ser representado por la Defensoría Pública

Durante su intervención, el alcalde de Guayaquil rechazó que un defensor público asumiera su defensa, como sugirió el juez. "No me falten el respeto, a mí me defiende mi abogado", expresó Alvarez, quien también cuestionó la postura del juez, sugiriendo que su inasistencia era una estrategia para perjudicarlo públicamente antes de las elecciones. El juez, ante esta situación, concedió la palabra a Iván Montero, abogado de la Defensoría Pública, quien manifestó su disposición para asumir la defensa, dado que había revisado el expediente y participado en todas las audiencias previas.

Multa al abogado del alcalde por no asistir

El juez Renán Andrade, tras escuchar los incidentes de defensa, multó al abogado de Alvarez con dos salarios básicos unificados por no asistir debidamente a la audiencia. Además, Andrade informó que oficiará al Consejo de la Judicatura para que se investigue la falta de asistencia y, en su caso, se considere una suspensión. Andrade reinstaló la audiencia a las 10:00 y, en ese momento, el fiscal Leonardo Alarcón solicitó formalmente la vinculación de 11 personas y una empresa más al proceso, acusados de comercialización ilegal de combustible.

#AHORA | #CasoTripleA: se instala la audiencia de vinculación de 11 personas a la instrucción fiscal por presunta distribución y comercialización ilegal de #Hidrocarburos. El Juez multó a 2 abogados particulares por su inasistencia y designó defensores públicos. pic.twitter.com/6kd2iWLJdW

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) April 9, 2025

Fiscal Alarcón formuló cargos contra Aquiles

El fiscal Leonardo Alarcón formuló cargos contra Aquiles Alvarez por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos a gran escala en provincias fronterizas. Lo hizo en calidad de autor, dentro de la audiencia de vinculación instalada en el Complejo Judicial del Norte. Las otras 10 personas convocadas también fueron señaladas como autores o coautores del mismo delito. De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), este tipo de infracciones tiene una pena de tres a cinco años de cárcel.

Durante una exposición de una hora y media, Alarcón detalló múltiples indicios en contra de Álvarez que sustentarían su responsabilidad en el delito. Según su intervención, el actual alcalde fue accionista y representante de las empresas Copedesa, Ternape y Flonape, que obtuvieron permisos para distribuir combustibles, estos fueron tramitados ante Petroecuador con el objetivo de abastecer los sectores automotriz, industrial y naviero. Estas autorizaciones se sustentaron en informes técnicos de José Franco, entonces coordinador de control hidrocarburífero.

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Franco, además de haber trabajado en la Agencia de Regulación de Hidrocarburos, fue gerente de la ATM de Guayaquil y empleado de Copedesa. Según la Fiscalía, también era accionista de FuelCorp, una de las compañías procesadas en esta causa. Aunque debía ser procesado inicialmente, su candidatura a la Asamblea por el movimiento Centro Democrático le otorgó inmunidad durante el periodo electoral. Esta protección retrasó su inclusión formal.

Supuesto desvío de combustible en estaciones fronterizas

La Fiscalía sostiene que, tras obtener contratos con Petroecuador, Copedesa representada por Alvarez estableció convenios con estaciones fronterizas como Zambrano (Zamora Chinchipe), Espíndola (Loja) y Araújo (El Oro). La obligación de la empresa era controlar que los combustibles no fueran desviados ilegalmente. Sin embargo, según los indicios recabados, las estaciones distribuyeron el diésel subsidiado sin cumplir esa normativa. En total, hay al menos 2.7 millones de galones cuyo destino no puede ser justificado.

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En Zambrano, por ejemplo, la estación recibió más diésel premium del que podía almacenar: su capacidad era de 10.000 galones, pero se documentaron volúmenes muy superiores. Espíndola también generó sospechas al facturar más de 411.000 galones de diésel y 5.000 de gasolina a dos clientes, a nombre de un mismo vehículo.

El fiscal subrayó que es imposible que un solo automotor consuma ambos combustibles. Finalmente, la estación Araújo habría entregado más de 900.000 galones de diésel subsidiado a empresas como Oro Estiva y GasoMar, pese a que tenía prohibido vender al sector industrial o redistribuir a otras estaciones. (I)