Comunidad
¿Qué pasará con los venezolanos en Ecuador tras la denuncia del Estatuto Migratorio?
La denuncia se ejecuta bajo el principio de interés nacional, sin que ello implique desconocer la presencia ni los derechos de los venezolanos.
El Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela, suscrito en 2010, está en proceso de denuncia. La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea aprobó un informe que respalda la decisión del Ejecutivo de terminar con este acuerdo bilateral.
La medida responde a que el tratado dejó de cumplir con sus objetivos y representa una carga económica para el país. Pese a la denuncia, los derechos adquiridos por los ciudadanos venezolanos en Ecuador no serán suspendidos.
Comisión aprueba informe que recomienda la denuncia del Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela.
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— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) August 16, 2025
Garantías que se mantienen
Expertos jurídicos de la comisión recordaron que los procesos de regularización ejecutados en agosto de 2024 seguirán vigentes. Esto significa que los venezolanos que ya obtuvieron residencia o permisos de permanencia conservarán su estatus legal.
Además, el acceso a servicios básicos como educación y salud continúa garantizado. El informe destaca que Ecuador sigue sujeto a convenios internacionales de derechos humanos que no se ven afectados por la salida del Estatuto.
Efectos en futuros trámites
Con la denuncia del acuerdo, el Estado ecuatoriano dejará de financiar programas vinculados directamente al Estatuto Migratorio. En consecuencia, no se abrirán nuevas fases de regularización bajo ese esquema.
A partir de ahora, cualquier trámite migratorio deberá gestionarse con base en la Ley Orgánica de Movilidad Humana y en otros tratados internacionales en vigor.
El marco constitucional
El informe resalta que la decisión se ajusta al artículo 416 de la Constitución, que orienta las relaciones internacionales del Ecuador en respeto a los derechos humanos y al derecho internacional.
Según el criterio de la comisión, la denuncia se ejecuta bajo el principio de interés nacional, sin que ello implique desconocer la presencia ni los derechos de los venezolanos que residen en el país.
(I)
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