Socio Vivienda: ¿qué ordenó la justicia tras la masacre y el abandono forzado en Guayaquil?

Un tribunal de garantías penales otorgó medidas cautelares a favor de las familias desplazadas de Socio Vivienda, en el noroeste de Guayaquil. La resolución se emitió la tarde del martes 20 de mayo de 2025, en la Unidad Penal Norte, tras una audiencia impulsada por organizaciones de derechos humanos.

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Respuesta judicial tras la masacre

La medida llega dos meses y medio después del ataque armado ocurrida el 6 de marzo, cuando un enfrentamiento entre facciones del grupo criminal Los Tiguerones dejó 22 muertos. Como consecuencia de la violencia, al menos 217 personas abandonaron sus viviendas por temor a nuevas agresiones. A pesar de operativos constantes, los hallazgos de restos humanos no cesan. El más reciente se registró el sábado 17 de mayo.

Plazos y compromisos

El fallo dispone instalar, en el plazo de un mes, una mesa interinstitucional que estará integrada por los ministerios del Interior, Desarrollo Urbano y Vivienda, Relaciones Exteriores, así como por representantes de Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo y delegados de la comunidad afectada.

Además, ordena un censo en la zona afectada y establece un periodo de seis meses para presentar un plan de asistencia humanitaria integral y un proyecto que facilite el retorno voluntario de las familias desplazadas.

Intervención de organismos nacionales e internacionales

La acción judicial fue promovida por el Comité Permanente de Derechos Humanos, que asumió la defensa de las familias. En la audiencia participaron el abogado Fernando Bastias, una representante de la comunidad de Socio Vivienda, Olga Figueroa, del Consejo Noruego para Refugiados, y Kimberley Andrade, del Servicio Jesuita a Refugiados.

(I)