"Hay evidencias de que son órdenes del gobierno", dice concejal
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"El TCE parece más una sucursal de Carondelet que una entidad que imparte justicia en temas electorales", dice concejal ante la revocatoria de mandato del alcalde de Quito

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Pabel Muñoz indicó, a través de su red social X, que este proceso respondería más a un acto de "persecución y cálculo político" que otra cosa.

Fachada del Tribunal Contencioso Electoral-Ecuador Foto: Archivo/ creador de imágenes
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El 14 de marzo de 2025, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dio paso al proceso de revocatoria de mandato en contra del alcalde de Quito, Pabel Muñoz. El proceso fue impulsado por Néstor Marroquín en 2024. Ahora, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene 15 días para entregar los formularios y los interesados deberán receptar cerca de 200.000 firmas en 90 días para dar continuidad al recurso. Ante eso, el concejal de Quito, Adrián Ibarra, rechazó esta resolución y alegó que el burgomaestre ya cumplió la sentencia que le impuso el ente electoral en su momento.

Además, señaló que la revocatoria fue negada con cinco votos a favor por miembros del CNE. Recordó que en administraciones pasadas, Quito ya se mantuvo con dos alcaldes y resultó en una inestabilidad en las resoluciones políticas, paralización de obras y proyectos. Ibarra insistió en que este proceso "casualmente coincide" con la época electoral. Para él, esto se complementa con la intención que tendrían actores externos de ingresar al Municipio de "manera arbitraria".

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"El TCE parece más una sucursal de Carondelet que una entidad que tiene que impartir justicia en ámbitos electorales. Hay evidencias de que las órdenes vienen desde el Ejecutivo", insinuó Ibarra en entrevista digital con Radio Pichincha, el 17 de marzo de 2025.

"Interrupción de labores"

Según el concejal, el Ejecutivo coloca una especie de barrera a algunos proyectos del Municipio. Aludió que el Gobierno Nacional mantiene la deuda de $ 130 millones con la entidad, pese a su anuncio de liquidez para las autoridades locales. De la misma manera, apuntó que de la flota de 60 troles que tenían previsto entregar en febrero de 2025, 14 se mantienen en el servicio de aduanas por una revisión adicional y sin programación que solicitaron las autoridades.

"Nosotros ya habíamos planificado eso desde el 2024, pero está frenado por procesos a último minuto. No solicitaron esa supervisión y es ahí donde nos queda claro todo lo que hay detrás de estas acciones. La desinstitucionalización y la debilidad en los procesos políticos solo afectan a los ciudadanos. Sin embargo, las autoridades no lo han entendido", dijo Ibarra.

(I)

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