¿Qué es el la tercera placa y por qué Quito planea implementarla en todos los vehículos?

El Concejo Metropolitano de Quito conoció el martes 5 de agosto de 2025, el proyecto de ordenanza que busca regular el uso del Dispositivo Electrónico de Identificación Vehicular (DEIV), también conocido como “tercera placa”. La propuesta la presentó Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad, en representación del alcalde Pabel Muñoz.

Según Garrido, el objetivo de esta herramienta es facilitar la regulación del tránsito mediante un dispositivo único e intransferible que permita identificar a cada vehículo y asociarlo con los puntos de control establecidos en la ciudad.

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La Secretaría de Movilidad explicó cómo funcionará el dispositivo

El secretario de Movilidad, Alex Pérez, explicó el funcionamiento del DEIV. Indicó que el dispositivo usará tecnología de radiofrecuencia. Se instalará en el parabrisas de cada vehículo. Podrá ser leído a una distancia de hasta 12 metros. No almacenará datos personales del conductor ni del propietario.

Pérez añadió que el dispositivo solo contendrá el número de placa y el número de chasis del vehículo. También aseguró que el sistema no rastrea la ubicación del vehículo. Señaló que el desarrollo del DEIV se coordinó con la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Añadió que cumple con la normativa vigente sobre protección de datos.

De acuerdo con la propuesta presentada, el uso del DEIV sería obligatorio para todos los vehículos que se matriculen o circulen dentro del Distrito Metropolitano de Quito. La disposición entraría en vigencia si la ordenanza es aprobada en el segundo debate. El dispositivo se colocaría al finalizar el proceso de matriculación y su información sería registrada en una base de datos con un identificador único.

Autoridades destacan posibles beneficios en fiscalización y control

La concejala Estefanía Grunauer señaló que uno de los posibles usos del dispositivo será el cobro eficiente de multas. Según mencionó, entre 2016 y 2019, el Municipio habría dejado de recaudar aproximadamente $ 14 millones por concepto de sanciones no cobradas, según cifras de la Contraloría General del Estado.

Por su parte, la concejala Cristina López mencionó que la ciudad atraviesa una crisis estructural en materia de tránsito. Indicó que el sistema podría permitir la automatización de procesos de fiscalización, aplicar sanciones de forma más eficiente y generar información útil para la planificación del transporte.

La Secretaría de Movilidad definirá el modelo de gestión, control y uso del dispositivo si el Concejo aprueba la ordenanza.

(I)