Noboa firma reglamento de La Ley de Integridad ¿qué cambios se implementarán de acuerdo a este nuevo reglamento en el sector público?

El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, emitió el Decreto Ejecutivo N.º 57, mediante el cual se establece el reglamento general de la Ley Orgánica de Integridad Pública. La normativa, que entró en vigor tras su publicación en el Registro Oficial, contiene reformas a distintos marcos legales y directrices para instituciones del sector público.

Nuevas evaluaciones, reformas laborales y cambios financieros, establece el reglamento de la Ley de Integridad Pública:

Entre los puntos centrales, el reglamento ordena la implementación de procesos de calificación periódica para aproximadamente 400 . 000 servidores públicos. Las pruebas estarán a cargo del Ministerio del Trabajo, entidad que elaborará los protocolos para aplicar los parámetros definidos: cumplimiento de metas, eficiencia operativa, calidad laboral, conducta institucional, responsabilidad funcional y contribuciones al desarrollo organizacional.

La valoración será sobre 100 puntos. Los trabajadores que obtengan 51 o más conservarán sus cargos, mientras que quienes registren 50 o menos podrán ser separados de la administración. La normativa también aclara que los nombramientos provisionales no generan derechos de estabilidad.

El reglamento incluye además modificaciones al sistema de jubilación voluntaria. Los empleados del sector público menores de 70 años podrán retirarse si cumplen los requisitos de la normativa previsional vigente. Se excluye toda obligación de mantener una edad mínima específica, como la que se había propuesto inicialmente en los debates legislativos.

En materia de movilidad humana, se establecen nuevas reglas para procedimientos de deportación. En el contexto de conflictos armados internos, las autoridades podrán ejecutar esta medida sin necesidad de que el ciudadano extranjero presente un documento de viaje.

Otro aspecto incorporado en el reglamento es el cambio de denominación para ciertas entidades financieras. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera tiene plazo hasta el 20 de septiembre de 2025 para actualizar las clasificaciones del sistema bancario. Las cooperativas de ahorro y crédito deberán adecuarse a estas nuevas disposiciones.

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