Por esta razón la CTE canceló contrato con 42 municipios
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Por esta razón la CTE anula convenios para instalar radares y sancionar infracciones en las vías: conoce los detalles

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hace 9 meses

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Estos acuerdos fueron suscritos por gestiones anteriores, principalmente con municipios de Guayas, y hasta la fecha se han cancelado 42 contratos.
La CTE finaliza convenios con radares. Foto: CTE
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En las últimas semanas, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) ha anulado los convenios de cooperación que mantenía para la instalación de radares en las carreteras, cuyo objetivo era sancionar a los infractores.

 

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Infracciones

Estos acuerdos habían sido firmados por administraciones anteriores, principalmente con municipios del Guayas. Este miércoles, 1 de octubre, la CTE informó que las infracciones captadas por estos radares y notificadas después de la finalización de los convenios carecen de validez legal.

Además, señaló que, desde el 20 de septiembre, se ha bloqueado en los sistemas de la ANT y la CTE las multas emitidas por estos radares, lo que considera ilegales las notificaciones realizadas.

Convenios finalizados

Hasta ahora, la CTE ha finalizado acuerdos con 42 municipios de las provincias de Azuay, Bolívar, Cañar, El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pastaza, Pichincha, Santo Domingo y Santa Elena. En Guayas, por ejemplo, se ha detenido el funcionamiento de radares en cantones como Yaguachi, Daule, Playas, Bucay, Balzar, Naranjal, El Empalme y Jujan.

La suspensión afecta a más de 160 fotorradares debido al incumplimiento de la delegación otorgada por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), según lo estipulado en el artículo 30.2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Además, estos dispositivos no alcanzaron su objetivo principal de mejorar la seguridad vial, siendo utilizados principalmente con fines recaudatorios.

Notificación

Los informes revelaron diversas irregularidades, como la colocación de radares en curvas o pendientes, dispositivos instalados en ubicaciones no autorizadas, un número mayor de radares que los aprobados, multas emitidas más de 72 horas después de la infracción, ausencia de señalización, y cobro de tasas adicionales al notificar las multas mediante llamadas, entre otras.

(I)

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