Municipio de Guayaquil responde a críticas por compra de chalecos antibalas

La adquisición de chalecos antibalas y cascos de protección para los agentes municipales de Guayaquil generó controversia. Las denuncias y cuestionamiento sobre la certificación internacional de los equipos pusieron en la mira el proceso de contratación.

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El 10 de marzo de 2025, el Municipio de Guayaquil emitió un comunicado en el que garantizó la transparencia del proceso y aseguró que se ajustó a la normativa vigente. Un día después, el alcalde Aquiles Álvarez respondió a las críticas en sus redes sociales. "No tenemos problema en aclarar cualquier situación", afirmó.

Cuestionamiento del contrato

El proceso de adquisición comenzó el 18 de julio de 2024 con la publicación del concurso en el Portal de Compras Públicas. El 16 de septiembre, la empresa Security Depot, con sede en Quito, fue adjudicada con el contrato por $ 288.ooo, la mitad del presupuesto referente de $ 584.140.

El 31 de diciembre de 2024, un oferente no seleccionado presentó una denuncia por supuesta competencia desleal. Según el reclamo, los 1.050 chalecos antibalas, valorados en $ 537 por unidad, fueron adquiridos a $ 260, mientras que los 50 cascos, con un precio estimado de $ 401, se compraron a $ 300. Estas cifras, argumenta el denunciante, serían económicamente inviables.

El alcalde Álvarez defendió la adjudicación y afirmó que la empresa presentó la mejor oferta económica en una subasta inversa electrónica. "No es un proceso improvisado ni al azar", sostuvo.

Otro de los cuestionamientos apunta a la certificación de los equipos. La empresa china que suministró los chalecos y cascos a Security Depot aparece en la base de datos de la certificación NIJ, pero con un registro "inactivo". Segura EP, entidad municipal a cargo de la compra, aseguró que la certificación era válida al momento de la adjudicación y que el cambio en su estado responde a modificaciones en normativas internacionales.

Álvarez insistió en que los chalecos fueron sometidos a pruebas de resistencia en el laboratorio de la empresa pública Santa Bárbara. "Si se demuestra que hubo falsificación de documentos, esperamos que los responsables reciban todo el peso de la ley", advirtió. (I)