Así quiere Ecuador reforzar la supervisión de fondos con la Ley de Transparencia Social

La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa aprobó con ocho votos a favor el informe para el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, calificado como urgente en materia económica.

La propuesta busca fortalecer la transparencia, prevenir el lavado de activos, la evasión fiscal y proteger al país frente al crimen organizado. El enfoque se centra en regular la gestión de recursos de personas naturales, jurídicas y, especialmente, de organizaciones sociales sin fines de lucro.

En @DesarrolloEcAN, se da lectura al Informe para primer debate del proyecto de #LeyTransparenciaSocial. Los legisladores hacen sus observaciones al articulado. pic.twitter.com/lAEqaBHcXj

— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) August 13, 2025

Supervisión y clasificación por riesgo

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (Seps) será la encargada de la vigilancia y control de estas organizaciones, implementando un sistema de clasificación por nivel de riesgo (bajo, medio y alto) que establecerá obligaciones diferenciadas. Entre los requisitos, se incluyen auditorías internas y externas, códigos de ética, gestión de conflictos de interés y canales de denuncia.

Además, se creará el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, una plataforma digital de acceso público que concentrará datos jurídicos, financieros y operativos, garantizando trazabilidad y transparencia. El registro en este sistema será obligatorio para iniciar actividades y deberá mantenerse actualizado.

Incentivos y salvaguardas

La propuesta contempla incentivos para las organizaciones que adopten buenas prácticas de integridad, dándoles prioridad en procesos de cooperación y alianzas. También garantiza que las medidas de control no podrán usarse con fines de persecución política ni para restringir la libertad de asociación.

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Cifras que respaldan la urgencia

Entre 2007 y 2020, se detectaron $ 22.600 millones sin justificación en el sistema financiero. En los primeros cinco meses de 2025, la UAFE reportó $ 600 millones en operaciones sospechosas. El lavado de activos representa un 17 % de incidencia en el país, solo superado por el narcotráfico (23 %).

El organismo afirma que con esta ley, el Ecuador busca reducir el riesgo de uso indebido de organizaciones sociales, reforzar la supervisión de fondos, proteger la estabilidad financiera y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

(I)