Isla San Cristobal se declaró en emergencia por siniestro marítimo e inician investigaciones

Una embarcación que transportaba 600 galones de diesel almacenados se hundió cuando una grúa desde el muelle maniobraba para ubicar un contenedor en la barcaza Orca. El incidente ocurrió en la zona de La Predial, en la isla San Cristobal, la noche del domingo 22 de diciembre.

Según declaraciones, al ubicar el contenedor en la embarcación, esta se viró y se precipitó al agua, provocando el hundimiento de la carga. La grúa también se fue a pique.

A las 23:00 (hora local), el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, presidido por su ministro presidente Norman Wray, declaró la emergencia en el cantón.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) provincial ha tomado el control de la situación y han desplegado un conjunto de acciones para mitigar los posibles impactos ambientales. Además, tras conocer sobre el incidente el Parque Nacional Galápagos junto a la Armada del Ecuador colocaron barreras de contención y paños absorbentes para reducir el riesgo ecológico.

Por su parte, la Policía Nacional ha realizado un operativo de control de acceso a la zona, liminatdno el ingreso peatonal y vehicular. Mientras, la Armada del Ecuador se encuentra haciendo controles acuáticos para evitar la entrada de navios al área afectada.

El accidente no registró victimas, pues se informó que la tripulación se lanzó al mar cuando la embarcación y grúa comenzó a sumergirse.

En la Declaratoria de Emergencia se dispone que se cumplan las recomendaciones del comité de emergencia. "El Ministerio de Ambiente continuará con todas las acciones necesarias para contener y remediar los efectos producidos por el siniestro ocurrido en el muelle La Predial, para prevenir una afectación al ecosistema marino costero en la bahía Naufragio de la isla San Cristóbal y movilizará los recursos que se requieran para la coordinación de maniobras de reflote de maquinaria y equipos sumergidos en el fondo marino del muelle La Predial".

La Fiscalía informó que abrió de oficio una investigación con base en el artículo 251 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que indica que "la persona que contraviniendo la normativa vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas, y en general los recursos hidrobiológicos, o realice descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años".

La entidad informó el inicio de las investigaciones se dispuso la noche del domingo y esperan los informes de del Parque Nacional Galápagos y la Unidad de Protección al Medio Ambiente de la Policía Nacional. (I)

Fuente: El Universo