Estudiantes de la Sergio Toral, tentados por la criminalidad: Así operan en el reclutamiento

MILCA CABRERA Y ROMINA MACÍAS / Estudiantes de Periodismo de la Universidad Ecotec

Una cadena con una resplandeciente cruz y una blusa floreada teñida en tonos oscuros y dorados, tal como las puntas de sus cabellos, eran lo más colorido entre las blancas paredes de la Organización No Gubernamental (ONG), Misión Alianza Noruega, en el noroeste de Guayaquil.

Quien luce estos accesorios y prendas es una mujer familiarizada al ruido de niños jugando, chiflidos para llamarse entre vecinos, peleas entre bandas, gritos de auxilio y el sonido de, al menos, una bala letal a la semana.

La llamaremos Lucía y ni ella, ni los protagonistas de esta historia superan los 24 años de edad. Sin embargo, conocen mejor que muchos adultos la lucha entre la Sergio Toral, un sector olvidado en el noroeste de Guayaquil, y la delincuencia organizada.

Con la voz pausada y palabras serenas, Lucía relató la historia de uno de los adolescentes no procesados, pero inmiscuidos en la delincuencia organizada. El escenario de su historia era un colegio fiscal situado en dicho sector, donde ella fue estudiante.

“Zapatos de marca y buenos teléfonos”, así de ostentosos eran los nuevos artículos que, de manera inesperada, empezó a llevar ‘Rodrigo’. Era callado, tranquilo y buen compañero. Tenía hermanos menores de quienes hacerse cargo y un papá que necesitaba de la bebida.

Él no era pobre porque quería, como suelen comentar algunos, sino que era pobre porque “le tocó”. Sin embargo, siempre quiso ir a un colegio para adquirir todo el conocimiento posible. Pese a la situación económica que enfrentaba, un familiar logró inscribirlo en un programa de estudio intensivo en un colegio que lleva el nombre de un insigne escritor ecuatoriano.

Falta de control

Sin control, exigencias, uniformes ni divisiones por edades, la falta de reglamentos y el uso cotidiano de armas reinaba en la institución, a decir de Lucía. Ella contó que “eran 38 (alumnos) en cada salón, unos 10 u 11 involucrados en la delincuencia”. Como había aproximadamente siete cursos, el número de los reclutados nada más en esta institución del sector superaría los 70 estudiantes.

Sin embargo, según cifras de la Subsecretaría de Educación Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) reveladas a EL UNIVERSO, en este año lectivo se han detectado hasta el momento 24 casos de estudiantes que presuntamente estarían inmersos en situaciones de microtráfico u otros delitos. Mientras que en el periodo 2022-2023 fueron 56.

Quienes no formaban parte de esas bandas eran simples espectadores que, al igual que los profesores y la única psicóloga de la unidad educativa, callaban por miedo. Desde la Unidad Zonal de Comunicación Social-Zona 8 del Ministerio de Educación, se informó a este diario que sí se implementa un protocolo “para infracciones cometidas dentro del sistema educativo al momento de detectarse una situación de flagrancia”, donde quien conozca del “cometimiento de delito dentro de una institución educativa deberá informar inmediatamente a la máxima autoridad” del plantel para activarlo.

No obstante, Lucía confesó que “los profesores sabían, pero nunca decían nada porque habían amenazas”. Entonces, los padres de familia, en su afán de proteger a sus representados, se veían obligados a sacarlos.
Después de denunciar el delito, la autoridad de la institución “deberá entregar un informe escrito a la Dirección Distrital de Educación” con el resumen de los hechos, ya que esta entidad es la encargada de dar seguimiento y asesoría jurídica a los implicados del caso.

Según el procedimiento, “la autoridad educativa y el profesional del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) deben estar pendientes de los resultados de las investigaciones policiales o medidas socioeducativas emitidas”, y guardar confidencialidad al respecto para evitar la criminalización, estigmatización y discriminación de los implicados.

Más personal especializado

“Tenemos que conocer cuál es la estructura de un DECE para poder determinar cuál es la cantidad de estudiantes por psicólogo que se debe atender”, afirmó la magíster en Neuropsicología, Gabriela Rada. La experta sostiene que en un establecimiento educativo, el departamento debe contar con un equipo conformado por “un coordinador y dos psicólogos”.

El Modelo de Gestión del Departamento de Consejería Estudiantil establece que se debe asignar solo un profesional en los planteles con menos de 675 alumnos.

Acorde con la Subsecretaría, “913 profesionales DECE de la Coordinación Zonal 8 han sido capacitados en el Protocolo de Actuación en infracciones cometidas dentro del sistema educativo”. En contraparte, Rada señala que “estos espacios tienen una limitación en las unidades educativas. Ellos no hacen una intervención como tal clínica, sino que lo que hacen es registrar todo el documento y derivar a las unidades correspondientes”.

Un código engañoso

“En primera instancia las bandas tienen algunos códigos y valores que ya están establecidos, como por ejemplo, ‘la familia nunca se abandona’ (…), que al principio suena bien”, recalcó Rada, pero cuando ingresan a la banda delictiva, esa frase tiene “algunos requisitos que cumplir”. Se trata de condiciones con las que se estrellan, explicó la especialista, porque “después de poder experimentar la repercusión negativa es que son recién conscientes por la experiencia que ya tienen, y ahí es cuando no saben qué hacer”.

En el caso de Rodrigo, en un principio obtuvo alimento, hogar y estudio para sus hermanos. Aunque, a cambio de la posibilidad de brindarle a sus pequeños familiares todo lo que él no tuvo, tendría que hacer pequeños ‘favores’. Siempre, según Lucía, empezaba “de lo más simple a los más duro”: desde un “anda deja esta bolsita” hasta “anda a darle un susto a este tipo”.

Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), “para finales del 2022, en Ecuador, 370 adolescentes fueron procesados por diferentes delitos". Y aunque Rodrigo nunca fue detenido, la vergüenza y el miedo lo llevaron a callar para no involucrar a ningún amigo. Lo único que salía de su boca era un “ya estoy metido hasta las patas”.

La psicóloga clínica, Stefanía Miranda, advierte que “el hecho de que no exista un seguimiento psicológico en una institución educativa aumenta más el riesgo de la vulnerabilidad”. Pero Miranda también resaltó la importancia de trabajar en equipo. “El maestro, el inspector, el rector, también pueden ser factores importantes en relación a la detección de cualquier situación de vulnerabilidad que viva un estudiante” y que ellos “conozcan los protocolos”, mencionó la también docente, sin dejar de agregar que “cada caso de riesgo, de vulnerabilidad es una situación completamente diferente que debe ser tratada de manera individual”.

“(Rodrigo) murió a los 17. Nos enteramos que lo habían matado”, relató Lucía. Y aunque los años han seguido su curso desde el acontecimiento, su rostro se sigue enmarcando con el mismo sentimiento que debió sentir el día cuando le dieron la noticia. Pues como mencionó, ella y sus compañeros guardan “indignación, porque de alguna manera él trataba de decir que quería ayuda”.

Según la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida (Dinased), “en 2022 se contabilizaron 146 niños y adolescentes asesinados en Ecuador”. Y probablemente, Rodrigo es parte de esa estadística.

En una investigación realizada en 2022 por e l Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), se registró que casi la mitad de las lideresas comunitarias encuestadas señalaba que el “principal responsable (del azote de la delincuencia cerca de los colegios) es el Gobierno Nacional”. Los padres de familia consideran que la ausencia de control en la zona escolar expone a sus niños a ser reclutados por bandas.

Protocolo

DENUNCIA: De existir incidentes se comunicará a la Policía y se informará a padres de familia.

CONFIDENCIALIDAD: Mantendrán reserva de identidad para evitar discriminación y estigmatización. (I)