El embarazo adolescente genera desventajas laborales y académicas entre mujeres

Durante el 2019, cada día catorce niñas ecuatorianas menores de 15 años quedaron embarazadas. Estas cifras fueron estimadas el año pasado por el colectivo Surkuna, reseñó El Universo.

La maternidad temprana representa una problemática social y económica para las mujeres del país que, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), ha crecido de forma alarmante en los últimos diez años.

El embarazo infantil y adolescente pone en desventaja, entre otras cosas, la posición académica y laboral de las mujeres, lo que se traduce en una brecha frente a las mujeres que fueron madres en la adultez.

Según un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), quienes no fueron madres en la adolescencia tienen 6 % más probabilidad de terminar la primaria y secundaria y 11 % más de llegar a la universidad.

Asimismo, la ventaja en los ingresos es del 23 %. Mientras que el ingreso medio anual de las mujeres que fueron madres en la adultez es de $ 5.189, el de las mujeres que lo fueron en su adolescencia es de $ 4.015.

El estudio Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en Ecuador también revela que los embarazos tempranos tienen un elevado costo para el Estado, entidad encargada de brindar los servicios de salud.

Hasta $ 83 millones escala el costo sanitario, que se desglosa en gastos de atención en embarazo, parto y posparto en la adolescencia.

Además, la pérdida social o productiva por la mortalidad materna en las adolescentes.

Según el estudio antes mencionado, el Estado también deja de percibir $ 9,6 millones por año en ingresos fiscales.

De igual manera, el costo de la inactividad laboral, desempleo y brecha de ingresos entre mujeres cuesta $ 187 millones.

En total, se gastan alrededor de $ 270 millones en la atención del problema. Esto equivale al 0,26 % del PIB nominal ecuatoriano.

Según el secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos (CCPIDG), Vicente Torres, más se destina en atención que en prevención, y por demás las políticas intersectoriales de prevención están fallando.

Esta estrategia fue presentada como un plan gubernamental para reducir el embarazo juvenil del 2018 al 2025.

“A veces la política pública se divorcia de las realidades territoriales de cada región. Tranquilamente implementando programas y políticas públicas centradas en la prevención podríamos reducir esos costos; pero no pueden ser elaborados desde la comodidad de un escritorio”, expresó en entrevista a este Diario.

Para Carolina Reed, directora del proyecto Casa La Ribera, institución que trabaja con adolescentes embarazadas en Sangolquí, Pichincha, los programas y políticas del Estado existen y son promocionados, pero el problema trasciende hacia un cambio cultural.

“La violencia de la que son víctimas las adolescentes no solo se da en sus hogares o con sus parejas, sino muchas veces es institucional. Es un problema que implica un cambio de actitud hacia las madres adolescentes”, explicó Reed.

Ella concordó en que un enfoque preventivo ayudaría a reducir gastos, pero recalcó que en materia reactiva, hay que reforzar los programas para que las niñas y jóvenes no abandonen la educación.

Según el informe, el costo de oportunidad de la educación debido al embarazo en adolescencia y la maternidad temprana por abandono y rezago escolar representó una pérdida económica para el país de $ 59,6 millones el año 2017. Esta pérdida se da debido a las diferencias en el nivel de educación alcanzado y sus efectos sobre los ingresos laborales.

De acuerdo al análisis de Unfpa y la Unicef, ahora más que nunca es de suma urgencia prevenir el embarazo en niñas y adolescentes, debido a que la crisis relacionada con la pandemia de COVID-19 puede agravar aún más sus vulnerabilidades. (I)