¿Qué desató el desplazamiento forzado de 217 personas en Socio Vivienda?

Desde la masacre del 6 de marzo de 2025 en Socio Vivienda, la situación en la zona cambió. La Policía explicó que la violencia en el noroeste de Guayaquil se originó por una disputa entre dos facciones de Los Tiguerones: los Igualitos y los Fénix. Este conflicto comenzó en Flor de Bastión en octubre de 2024, y en marzo de 2025, los Fénix formaron una alianza con Los Águilas para atacar.

Diez días después de la masacre, un niño de ocho años murió tras manipular una granada que encontró en una jardinera de la etapa dos. Su madre resultó gravemente herida y una vecina perdió la vida. Durante ese periodo, el grupo criminal impuso un toque de queda. Los residentes debían llegar antes de las 19:00 para evitar problemas.

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A raíz de la violencia en Socio Vivienda, 217 personas de 41 familias han dejado sus hogares, según un informe del Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH). La mayoría de los afectados provienen de Socio Vivienda I, aunque también se ha registrado impacto en Socio Vivienda II. De las 41 familias desplazadas, 15 abandonaron sus viviendas de manera repentina para proteger su seguridad, mientras que 26 permanecen confinadas en sus hogares por temor a las bandas criminales. El CDH señaló que ambas situaciones requieren atención por parte del Estado.

Entre las víctimas, se encuentran 128 mujeres, de las cuales 38 son cabezas de hogar, y 89 hombres, de los cuales 3 son jefes de hogar. Además, se identificaron personas en situaciones de vulnerabilidad, como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y quienes padecen enfermedades graves. El informe también menciona que 24 familias necesitan apoyo psicológico y alimentario, mientras que otras 17 solo requieren asistencia alimentaria.

Más del 60 % de las personas desplazadas se vieron forzadas a abandonar sus viviendas debido a amenazas o extorsiones. Muchas familias decidieron salir tras enfrentamientos cercanos o asesinatos en sus vecindarios, temiendo represalias. Algunas también mencionaron que la presencia de las fuerzas de seguridad generó temor.

La mayoría de las familias afectadas vivían de trabajos informales como la venta ambulante, el reciclaje o el comercio local. Al desplazarse, no pudieron llevar consigo enseres, muebles, electrodomésticos ni documentos importantes. Esta situación provocó una pérdida de recursos económicos para los afectados.

¿Quién tiene la obligación de proteger a las personas víctimas del desplazamiento forzado interno?

La Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 42 que las instituciones del Estado son responsables de proteger a las personas víctimas del desplazamiento forzado interno (DFI). Estas instituciones deben proporcionar asistencia humanitaria y medidas de protección. De acuerdo con la ley, se prohíbe el desplazamiento arbitrario, y se garantiza que las personas desplazadas reciban ayuda de las autoridades. Esta ayuda incluye acceso a alimentos, alojamiento, vivienda y servicios médicos y sanitarios.

El artículo también detalla que ciertos grupos, como niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijos menores, personas adultas mayores y personas con discapacidad, recibirán asistencia humanitaria preferente y especializada. Además, la ley asegura que todas las personas desplazadas tienen el derecho de retornar a su lugar de origen de manera voluntaria, segura y digna. Este derecho se garantiza para promover la reintegración sin que las personas enfrenten riesgos adicionales. (I)

🔴#RuedaDePrensa organizaciones sociales y de Derechos Humanos de Guayaquil exigen al Estado ecuatoriano el reconocimiento del desplazamiento forzado interno de personas a raíz de la masacre de #SocioVivienda el 6 de marzo de 2025 pic.twitter.com/onyzBRBxB4

— CDH.GYE (@CDHGYE) March 21, 2025