Nueva fecha para la Ley de Integridad: Corte Constitucional posterga audiencia y rechaza solicitud de Noboa

La Corte Constitucional del Ecuador decidió posponer la audiencia prevista para analizar las demandas contra la Ley de Integridad Pública. La diligencia, que estaba fijada para el lunes 18 de agosto, se realizará finalmente el miércoles 27 de agosto de 2025, de manera telemática.

La resolución fue tomada por el juez constitucional José Luis Terán, quien además rechazó la solicitud del presidente Daniel Noboa de mantener la audiencia en la fecha original y bajo modalidad presencial.

¿EMPIEZAN A CEDER A LAS PRESIONES DEL GOBIERNO?
El juez de la Corte Constitucional, José Luis Terán, postergó para el miércoles 27 de agosto la audiencia pública del trámite de las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública, misma que estaba prevista… pic.twitter.com/dWLVoJbBJH

— La Mira EC (@lamiraecuador) August 16, 2025

Peticiones y posiciones enfrentadas

En su notificación, Terán señaló que en la audiencia podrán intervenir los accionantes de las distintas causas que se acumulen hasta ese día. La decisión se fundamentó en el pedido que la Asamblea Nacional presentó el 13 de agosto, cuando solicitó el diferimiento para preparar su defensa de la constitucionalidad de la ley.

Un día antes, el secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, había pedido también la postergación de la audiencia. Sin embargo, al día siguiente retiró su solicitud, lo que dejó en evidencia las posiciones encontradas dentro del propio Ejecutivo.

Normas suspendidas de forma provisional

La Corte Constitucional ya había resuelto suspender de manera provisional algunos artículos de tres leyes impulsadas por el oficialismo: Solidaridad, Inteligencia e Integridad Pública. Estas normas, aprobadas recientemente por la Asamblea, generaron una ola de críticas de parte de organizaciones sociales, sindicatos y colectivos de derechos humanos.

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Contexto político y de seguridad

El presidente Noboa ha defendido que estas leyes forman parte de su estrategia para contener la crisis de violencia y seguridad que atraviesa el país. Sin embargo, la oposición y varios sectores de la sociedad civil cuestionan su alcance, argumentando que limitan derechos y fortalecen el control estatal sin ofrecer soluciones estructurales.

Con el nuevo calendario, la discusión sobre la Ley de Integridad Pública se aplaza una semana, mientras crece la tensión política entre el Ejecutivo, la Asamblea y la Corte Constitucional.

(I)