Centro Histórico de Quito: ¿Cuántos metros de cable han sido retirados?

Desde agosto de 2024, el municipio inició su propósito de mejorar la imagen urbana con el retiro de cables sin uso en el Centro Histórico de Quito. Hasta este 10 de septiembre, se han retirado 13.300 metros de cable y 3.600 metro más en los senderos seguros. Además, se han quitado 306 elementos publicitarios en el Centro Histórico.

Para, José Morales, secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial, este trabajo de imagen, también es por darle seguridad al Centro Histórico.

El secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial explicó que "se están haciendo dos intervenciones, el retiro de los cables que están en desuso y el empaquetamiento de aquellos que sí están en uso, hasta que podamos tener ya funcionando todo el proceso de un soterramiento integral del Centro Histórico”.

El proceso ideal es el soterramiento como el que se está planteando en San Blas. La Empresa Eléctrica y el Municipio están definiendo una propuesta con las empresas operadoras.

En este trabajo interinstitucional participan los funcionarios de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial (SHOT), Agencia Metropolitana de Control (AMC), Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), Secretaría de Tecnologías de la Información (STIC) junto a representantes de Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), Corporación Nacional de Telecomunicación (CNT) y prestadores de servicios.

Información

Los dueños de locales comerciales y casas patrimoniales del sector recibieron información y actas de advertencia sobre el mantenimiento de fachadas en esta área turística.

Sanciones

El artículo 15 de la Ordenanza 072 establece que la obligación del mantenimiento de fachadas y cerramientos es de los propietarios de los inmuebles. Por ello, la Agencia Metropolitana de Control puede sancionar a los dueños de inmuebles cuyas fachadas están grafiteadas, con publicidad electoral, dañadas o cuyas veredas estén sucias.

La multa es de 30% de un salario básico unificado y, en caso de reincidir, una multa equivalente a ocho salarios básicos unificados ($3.600).