¿Qué dijo el juez sobre la prisión preventiva del alcalde de Pujilí?
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Conoce las medidas que dictó el juez contra el alcalde de Pujilí en el caso ‘Ornato Municipal’

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La investigación inició hace 11 meses, luego de denuncias del entonces vicealcalde y otros funcionarios municipales.

El burgomaestre fue retenido en el marco de la investigación por contratos municipales. Foto: John Reimberg.
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El jefe municipal de Pujilí, José Arroyo, cumplirá prisión preventiva en la Casa de Confianza de Chillogallo, en Quito. La medida fue dictada por un juez de la Sala Anticorrupción de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha este sábado 9 de agosto de 2025.

El funcionario irá a una cárcel de mujeres. La decisión se tomó al concluir la audiencia de formulación de cargos dentro del caso ‘Ornato Municipal’, que investiga un presunto peculado en la adjudicación irregular de obras durante su gestión.

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Decisiones judiciales en el caso

El juez ordenó prisión preventiva para Arroyo y otros nueve procesados. Para los siete restantes dispuso la prohibición de salir del país y presentaciones periódicas. Como medidas reales, la justicia prohibió enajenar bienes y ordenó la retención de cuentas de los 17 investigados.

Arroyo fue detenido la madrugada del jueves 7 de agosto tras una serie de allanamientos. La Fiscalía informó que la investigación inició hace 11 meses, luego de denuncias del entonces vicealcalde y otros funcionarios municipales.

La Contraloría General del Estado realizó un examen especial que derivó en la apertura del proceso penal. Los hechos indagados se relacionan con contratos para la compra de palmeras, plantas y adoquines, ejecutados desde mayo de 2023.

Uno de los contratos que se investiga se adjudicó en 2024 por $ 54.000 para comprar palmeras, y en otro caso. Hay un contrato de abril de 2024 por $ 151.000 para colocar adoquines, que ya habían sido donados en 2023

Reacciones y cuestionamientos

Organizaciones defensoras de derechos Lgbti expresaron su preocupación por una posible “usurpación de identidad trans”. Denuncian que el alcalde habría hecho un uso “indebido” y “oportunista” de la normativa vigente sobre cambio de sexo o género.

(I)

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