Esta iniciativa se suma a las tres leyes económicas urgentes previamente enviadas por el Ejecutivo.
El delito se refiere al uso indebido de recursos públicos por parte de servidores o funcionarios.
La decisión forma parte del plan de seguridad interna del Ejecutivo, que ha incrementado acciones contra el crimen organizado.
Estos recortes se enmarcan en la política de ajuste fiscal del Gobierno.
El detenido fue entregado a las autoridades judiciales para continuar con el proceso legal.
El operativo se ejecuta bajo protocolos de seguridad y respeto a los derechos humanos, según la entidad.
Una de las medidas es el despido de 5.000 funcionarios públicos, que ya empezaron a visualizarse.
Aseguran es una medida necesaria y acertada por parte del Gobierno.
Las medidas generaron rechazo en colectivos ambientalistas, feministas, médicos y culturales.
El Gobierno colombiano calificó el hecho como una "expulsión" ejecutada por el Estado ecuatoriano.
